Los desechos ocultos de la minería: Chile es el tercer país del mundo con más depósitos de relaves
En Chile existen 742 depósitos de relaves, cuyos desechos tóxicos contienen arsénico, plomo, mercurio, sales de cianuro y químicos propios del procesamiento minero, que se acumulan en millones de millones de toneladas, o sea, se estima que cada 30 horas se depositan relaves equivalentes al cerro Santa Lucía, es decir, 2.572.263 toneladas. Y se prevé que para el 2026 se producirán más de 915 millones de toneladas al año, un aumento de 74% en la generación de relaves en comparación con 2014 (525 millones de toneladas por año).
Estas cifras sitúan al país como el tercero con más depósitos de ese tipo en el mundo, después de China y Estados Unidos, y la mayor concentración de dichos relaves se encuentra en la Región de Coquimbo. A nivel internacional, el Mining, Minerals and Sustainable Development Project (2002), a comienzos del 2000, ya sugería que alrededor del 75% de los desastres en el rubro minero a nivel mundial provenía de fallas en los depósitos de relaves.
En Chile existe legislación para regular estos basurales tóxicos, sin embargo, investigadores del Laboratorio de Sociología Territorial (LST), de la Universidad de Chile, indican que es necesario subir los estándares de las medidas públicas, dado que el mal manejo de estos residuos conlleva problemas de salud fatales a la población expuesta y al medio ambiente. "Hablamos de un problema que es temporalmente extendido y de alta complejidad, es un problema que viene desde el inicio de la minería en Chile, que es hace muchos años, y que también se proyecta al futuro y por eso es un problema tan importante", explicó Iván Ojeda, investigador del LST.
La minería consta en la extracción de minerales de mayor valor económico, en cuyo proceso es necesario separarlo de minerales, químicos y otros compuestos resultantes del tratamiento. El conjunto de estos desechos se llama material de relave y la infraestructura donde son descartados es la de los depósitos de relaves. Para los expertos en minería, estas estructuras conllevan dos preocupaciones. La primera es que no existan fallas constructivas que puedan producir desmoronamientos o desbordes; y la segunda, concerniente a la estabilidad química del relave, donde se busca minimizar y controlar las reacciones de acidificación, como también que los compuestos no contaminen el ecosistema circundante. Ambas preocupaciones tienen relación con que el material de relave contiene metales pesados que pueden ser nocivos para la salud y el ecosistema.
Estos gigantescos depósitos de desechos tóxicos contienen arsénico, plomo, mercurio, sales de cianuro y químicos propios del procesamiento minero que se acumulan en millones de toneladas. Las consecuencias sobre la vida humana y el medio ambiente que provocan estos confinamientos de material contaminante son incalculables. Ante esta amenaza latente, la gran industria extractiva no ha logrado conjugar su desarrollo con el de las comunidades cercanas a sus explotaciones, de manera de evitar el colapso del ecosistema por fallas o accidentes.
"Chile es un país más extractivo que minero, porque un país minero es Australia, que construye infraestructura e institucionalidades lo suficientemente innovadoras para poder efectivamente estar abocadas a la minería. En Chile pasa todo lo contrario, solo sacamos, pero no tenemos ni la infraestructura ni la institución, entonces, es relevante porque tenemos una gran cantidad de depósitos que están, pero no sabemos su situación actual", explica Iván Ojeda, licenciado en Sociología y estudiante de Magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Adicionalmente, Ojeda es diplomado en Planificación y Ordenamiento Territorial y diplomado en Dirección y Gestión Pública. Becario del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, y coordinador e investigador del Laboratorio de Sociología Territorial (LST) de la Universidad de Chile.
Según cifras publicadas por Fundación Chile en 2019, en el país existen 742 depósitos de relaves. De esta cifra, dos están en construcción y solamente 104 se encuentran activos, mientras que 463 están inactivos y 173 abandonados. A su vez, 214 depósitos corresponden a tranques construidos aguas arriba, método considerado menos seguro, y cuya construcción está prohibida en nuestro país desde el año 2007. Estas cifras sitúan al país como el tercero con más depósitos de relaves en el mundo, después de China y Estados Unidos.
Los depósitos de relaves impactan directamente los territorios donde estos están ubicados. En el Laboratorio de Sociología Territorial realizan investigaciones sobre este tema, debido a que desde su perspectiva existe un problema, toda vez que pareciera que no hay una dimensión socio-territorial en la definición que la política pública construye respecto a los depósitos.
"Chile es un país minero y no tiene solo que ver con lo productivo sino también lo que significa en la historia, la composición de relaciones sociales y laborales en el norte, por ejemplo", sostiene Iván Ojeda. En una de las investigaciones realizadas por Ojeda, concluyeron que la mayor concentración de relaves se encuentra en la Región de Coquimbo.
A nivel internacional, el Mining, Minerals and Sustainable Development Project (2002), a comienzos del 2000, ya sugería que alrededor del 75% de los desastres en el rubro minero a nivel mundial provenía de fallas en los depósitos de relaves. Ojeda explica que hay dos tipos de riesgos de los relaves: "El primero es meramente por existir donde se ha documentado, por ejemplo, aumento en las probabilidades de cáncer pulmonar, daños hematológicos, entre otros. Ese es un tipo de contaminación que es por metales pesados. El segundo tipo, tiene que ver con las fracturas o las fallas, es decir, cuando se rompe una presa la gente tiene que imaginarse un alud, como que viene agua y barro a mucha velocidad que pasa por arriba de las casas. En Brasil destruyó completamente un poblado y dejó casi en todo el poblado dos metros de barro tóxico".
Iván Ojeda manifiesta hay que reconocer que en Chile sí hay legislación en torno a los relaves, más que en los países vecinos. Por ejemplo, entre esas leyes están la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que establece que, al momento de crear un depósito, las empresas deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); y el Decreto Supremo Nº 248, para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos De Relaves, del Ministerio de Minería. "Hablamos de un problema que es temporalmente extendido y de alta complejidad, es un problema que viene desde el inicio de la minería en Chile, que es hace muchos años, y que también se proyecta al futuro y por eso es un problema tan importante", dice Ojeda.
El investigador sostiene que se puede avanzar en subir los estándares, más aún dentro de un contexto económico donde se planea reactivación económica minera. "Hay que aumentar los estándares, cómo la legislación tiene una incidencia en la realidad territorial cotidiana. Aumentar el estándar sin fiscalización no sirve de nada, y hacer un incentivo al desarrollo de tecnologías e investigaciones para gestión de depósitos de relaves ojalá pensando en los abandonados", sostiene Iván Ojeda.
Los análisis realizados en el LST arrojaron la existencia de cuatro conglomerados de cuadrantes construidos a partir de configuraciones regulares entre las variables observadas. Aquello tensiona inmediatamente la noción de singularidad y pone de manifiesto que, al observar el nivel global o general, no solo existen densidades sino que también patrones socioterritoriales de ubicación, es decir, los depósitos de relaves no deben ser estudiados y fiscalizados individualmente, dado que estos influyen directamente en los territorios en conjunto, según Ojeda.
"Todo el foco se ha centrado en ir dando soluciones a procesos internos y singulares de los relaves, entiéndase mantener estabilidades físicas y químicas. El problema de esto es que, al quedar en aquella escala, no han reconocido ni tampoco implementado programas que consideren la existencia de densidades, y no solo de aquello, sino también de patrones socioterritoriales", menciona el experto.
Igualmente agrega: "Lo que estos resultados tensionan, podría ser abarcado en dos vías de salida alternas. La primera, dice relación con la inclusión de la variable territorial a los programas existentes. En esta línea, carece de sentido, por ejemplo, que, en zonas afectas por el Patrón de Aglomeración Intensificado Crítico, empresas adopten y sigan operando sobre depósitos. Lo que aquí discutimos es la transversalidad territorialmente homogeneizante de los programas, los cuales –desde nuestra perspectiva y a la luz de los resultados– debiesen considerar incentivos y desincentivos que hagan justicia a la heterogeneidad de la geografía de los depósitos de relaves en Chile. La segunda vía, recupera aquella idea desde una posibilidad bastante transformadora e implica construir nuevos programas que, considerando la existencia de zonas más críticas, se propongan avanzar en la remediación o estabilización de los depósitos que susciten mayor riesgo para los habitantes y para los ecosistemas", remata.
