Preocupada está la industria de gestión de residuos por la situación financiera que enfrentan. La Asociación Gremial de Empresas de Servicios Medioambientales (Agesem), que agrupa a las empresas que atienden al 80% de la población, advierte que la morosidad de los municipios, que arrastran deudas de larga data por servicios de recolección de residuos domiciliarios, se ha visto agravada en medio de la pandemia. El gremio asegura que varios de sus asociados están enfrentando problemas de liquidez, lo que incluso está poniendo en riesgo el pago de las remuneraciones de sus trabajadores. Según cálculos de Agesem, los municipios acumulan una morosidad de más de $46 mil millones y, algunos, hasta 20 meses de atraso.

Hay cerca de 150 municipios -que atienden a cerca del 80% de la población- los que tienen deudas. Entre ellos destacan Coquimbo, Copiapó, Independencia; Viña del Mar, Peñalolén, Rancagua, Quinta Normal, Estación Central, Lo Prado, Maipú, Talagante, Melipilla y San Fernando. Cada uno de ellos -dice la asociación- supera los $ 1.000 millones de deuda vencida al 30 de abril de este año y, en su conjunto, totalizan en torno a $25 mil millones. Eso sí, aseguran que más que un efecto de la crisis, esta es una situación que se arrastra desde hace varios años, pero que en los últimos meses se ha agravado, advierte el presidente de Agesem, José Luis Navajas.

Para buscar una salida a esta situación, hace más de un año se iniciaron conversaciones con todos los actores involucrados. En noviembre del año pasado, sindicatos y federaciones de trabajadores de los servicios de recolección de residuos domiciliarios y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) constituyeron una mesa de trabajo para revisar diversas materias relacionadas con el rubro para mejorar las remuneraciones y las condiciones laborales. De estas sesiones también participó Agesem y la Asociación de Municipalidad de Chile (Amuch) y la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

El 14 de abril, la mesa logró un acuerdo para diversos temas, entre ellos, el pago de los servicios de aseo para resguardar las remuneraciones de los trabajadores. En esta materia, se acordó que el Ejecutivo presente este año un proyecto de ley destinado a introducir modificaciones a la Ley de Compras Públicas, con el objeto de priorizar el pago de estos servicios en los tiempos establecidos.

Pero esta situación también ha generado algunas movilizaciones, como fue el caso de la paralización decidida por los trabajadores recolectores de Coquimbo, que atiende la empresa Demarco, debido a que -según manifiesta la asociación- el municipio mantiene una deuda de $5 mil millones, equivalente a 23 meses de servicio, lo que provocó que no se pudieran pagar los sueldos correspondientes de mayo.