Con los problemas registrados en los últimos meses en algunos rellenos sanitarios del país, queda demostrado que, en materia de basuras, Colombia no va por el camino correcto. No solo se trata de los problemas generados en Bogotá con el relleno sanitario de Doña Juana. También es necesario hablar de los inconvenientes reportados en los rellenos de Bucaramanga, Barrancabermeja y Buenaventura, para citar solo algunos ejemplos. En este último caso, el Puerto sobre el Pacífico estuvo a punto de paralizar actividades hace un par de años por cuenta de una emergencia sanitaria de este tipo.

Para el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, uno de los temas transversales pasa por el bajo nivel de reciclaje en el país. “Debemos ir hacia lo que se llama economía circular. Es decir, hacia el aprovechamiento de los productos que se pueden reutilizar y los que se pueden utilizar para generar energía. En la actualidad, los contratos de prestación del servicio de aseo desincentivan el reciclaje: se paga a los operadores por peso recogido, una situación que los estimula a botar más basura en los rellenos. El país genera unos 12 millones de toneladas al año y solo recicla 17%. En el caso de Bogotá, se generan unas 7.500 toneladas al día y se reciclan entre 14% y 15%, incluso por debajo del promedio nacional”, dijo a este medio el alto funcionario. Y en el mediano plazo la situación es todavía más compleja.

Un estudio del Banco Mundial y Planeación Nacional de 2015 indica que, “si se continúa con la misma dinámica de generación de residuos, sin adecuadas medidas para mejorar su aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de producción y consumo insostenibles, en el año 2030 tendremos emergencias sanitarias en la mayoría de ciudades del país y una alta generación de emisiones de gases de efecto invernadero”, dice el informe.

Ante esta preocupante situación, el ministro Murillo aseguró que a finales de 2016 se expidió, a través del documento Conpes 3874, el Plan Nacional para la gestión integral de los recursos sólidos. Dicha política pública establece parámetros para incentivar el reciclaje. “Además, se trata de uno de los compromisos suscritos con la Ocde. El propósito es que los operadores cobren por tonelada reciclada y castigar económicamente por toneladas que se lleven al relleno”, dijo Murillo. Esto no solo desarrollaría la industria del reciclaje, con la consecuente generación de empleo, también aumentaría la vida útil de los rellenos y protegería el medio ambiente, al recuperarse más papel, aluminio y otros recursos. “También es necesario estimular la generación de energía a partir de los desechos”, apuntó el Ministro.

Sin embargo, los Conpes no parecen suficientes. Hay que recordar que ya en 1997 y después, en 2008, se expidieron documentos similares en donde se fijaban más políticas para la disposición de residuos sólidos. Es evidente que a la fecha el resultado no ha sido el esperado.

La implementación de esta política de economía circular y de este tercer Conpes podría tener su prueba ácida con la millonaria licitación que prepara la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp) para finales de este año. Su directora, Beatriz Cárdenas, anunció hace unos días que el Distrito planea sacar a licitación en septiembre próximo nuevos contratos para la prestación del servicio en Bogotá. En una presentación que la funcionaria hizo ante los medios hace un par de semanas, quedó en evidencia que el objetivo es cambiar el modelo, aunque no se precisó si la tarifa que se cobrará a cada usuario estará atada a su compromiso con el reciclaje.