El cambio climático “es la mayor crisis global que enfrentamos hoy como generación y combatirlo es una urgencia a la cual todos estamos llamados”, afirmó la ministra de Medio Ambiente y presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, al anunciar los alineamientos que seguirá Chile para alcanzar el compromiso de cero carbono que rubricó en el Acuerdo de París en 2015.

Schmidt recordó durante el lanzamiento de la estrategia, que se llevó a cabo en la Biofactoria de la Farfana en Gran Santiago que gestiona Aguas Andinas, que Chile ha comprometido la reducción de sus emisiones a nivel estatal con un máximo de 1.100 millones de toneladas de carbono entre 2020 y 2030 y para ello ha establecido cupos de responsabilidad para cada sector de la economía chilena. El transporte será el que mayor cupo tenga (29%), seguido de la energía (26%) y la minería (16%), principal actividad industrial de Chile, que es el primer productor de cobre del mundo.

“Para enfrentarlo (el cambio climático) requerimos de una transformación multisectorial que implica un camino de cambio hacia un desarrollo bajo en emisión y resiliente al clima“, agregó Schmidt. Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, el gobierno envió en enero de 2020 un proyecto al Congreso de Ley de Cambio Climático que actualmente no se ha votado en ninguna cámara aún.

La ECLP consta de 407 metas concretas para reducir las emisiones en todos los aspectos de la sociedad, entre los que destaca completar el 100% de la protección de áreas marinas para 2025, cambiar la matriz energética que es abastecida mayormente de fuentes térmicas (51,7%) a energía renovable para 2040, o tener un mercado automotor 100% de vehículos de cero emisiones en 20 años.

La Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) es el instrumento que define los lineamientos generales de largo plazo que seguirá el país de manera transversal e integrada, considerando un horizonte a 30 años, para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático; transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de los mismos; reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático; y, dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia.

Dentro de sus contenidos más relevantes se destacan la definición de un presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 y 2050, de las metas sectoriales de mitigación (presupuestos de emisión para cada uno de los sectores) y de los indicadores y metas de adaptación tal como establece el proyecto de ley, los que deben cumplirse en un plazo de 10 años. Adicionalmente, contiene lineamientos en materia de adaptación al cambio climático, así como de evaluación de riesgos, considerando la vulnerabilidad de cada sector específico.